Consideraciones, de uno de los diversos puntos de partida, para mejorar lo tributario, soporte del entorno social.

Hay un paso previo que poco o nada se considera o se da por sentado en la actualidad[1], es el relativo a la educación[2] en general como premisa esencial en el ámbito social; luego aunque paralelamente, reeducar a la gente en diversos aspectos del devenir social: valores, principios, el olvidado tema cívico, y finalmente, que es lo que ahora específicamente ocupa este escrito, el de las contribuciones.

Antes que cobrar tributos[3] hay que reeducar al ciudadano (en cuanto persona física, pero también como integrante de personas morales, en su calidad de administrador, directivo o socio), para que transforme su molestia a contribuir, no en un gozo, pero sí en una convicción imperiosa que lo lleve a cumplir su deber, en tanto acto sostenido en un principio ineludible e inherente a vivir y convivir en sociedad.

La incuestionable y necesaria relación contribuyente[4]-Fisco, de suyo resulta interminable campo de observación e involucra múltiples dimensiones en uno u otro sentido de la misma, como deber-derecho. En esa relación, el aspecto tributario mismo, de carácter individual, involucra propósitos y repercusiones colectivas que revelan pormenores de esa complicada relación

El tributo históricamente presente en los procesos de creación y estructuración de los Estados, ha estado vinculado a cambios libertarios y de participación de los ciudadanos frente, ante y en lo estatal. A guisa de ejemplo, baste mencionar las revoluciones, del siglo XII en Inglaterra, del siglo XVIII en Estados Unidos de América y Francia, así como en el siglo XIX en México, por nombrar solo algunas, que aunque con diversas motivaciones entremezcladas y expresadas encarnizadamente en la lucha, tienen un específico detonador en lo tributario.

Esas revoluciones han hecho que se haya forjado, en forma inconsciente y producto reactivo de las circunstancias, una educación que imbuye en los gobernados la necesidad de contribuir y en los gobernantes institucionalizar límites y facultades para exigir lo que es debido.

Esa educación no es otra cosa que una cultura tributaria, que involucra al gobierno en su calidad de Fisco y al contribuyente.

Es precisamente la cultura tributaria la que permitirá formalizar como una convicción lo que es un deber, sostenido por un marco jurídico e institucional: las obligaciones y derechos del contribuyente y del gobierno en su calidad de recaudador (en el ámbito legislativo, administrativo y judicial).

Para ello, se debe privilegiar la visión hacia los contribuyentes, lo que acontece en sus hogares, empresas y comercios, porque a fin de cuentas de ellos se recauda, dejando a un lado las nociones, criterios y parámetros administrativos y operativos, concebidos por funcionarios expertos solo en asuntos recaudatorios. Realizar investigaciones serias en una perspectiva socio-cultural cuyo sujeto de análisis sea el gobernado, ciudadano, contribuyente y no las necesidades y requerimientos de los gobernantes.

Imbuir además, la convicción en la sociedad, de la necesidad imperiosa de contribuir para el beneficio del interés general o bien común, más allá de si resulta o no agradable hacerlo.

Efectivamente, sí los significantes o relaciones preceden a los significados, entonces respecto al impuesto, la historia nos muestra que esas relaciones se desenvuelven dentro de una opinión negativa frecuentemente asumida por quien lo padece, como una coacción odiosa, por ser forzosa, por la impresión que se tiene de no ser adecuada su administración o que se da un destino indebido a esas cargas, lo que se encubre en el halo de opacidad regulatoria que genera la misma burocracia.

Al respecto, considero conveniente citar lo que señala Federico Reyes Heróles[5], quien precisamente abordando diversos tópicos, trata uno que considero precisa adecuadamente lo que a través de mi actual planteo, establezco. El citado analista, en su columna semanal menciona lo siguiente:

“[…]el sistema recaudatorio mexicano -el gran instrumento de todo Estado para generar justicia social- no mueve la condición de desigualdad. El sistema fiscal que hoy nos rige no está generando justicia, por el contrarío perpetúa la pobreza social. La distribución del ingreso es pésima -¡somos ejemplo mundial al respecto!- y sin embargo cualquier propuesta que intente cambiar la fracasada fórmula impositiva de hoy es vista como una amenaza al paraíso justiciero del que muchos no quieren salir. De qué estamos orgullosos. Hablar de IVA generalizado, con tasas diferenciadas en alimentos y medicinas, es un tema incendiario al cual todos los políticos le huyen. Pero resulta que la exención de ese impuesto a las medicinas le da -nos da- a las clases medias y altas un beneficio de más de 15 mil pesos al año. champús, cremas, lociones, vitaminas, estimulantes sexuales, fórmulas para la belleza eterna, todo está exento. Por supuesto los pobres que solo compran medicinas cuando de verdad las necesitan reciben un beneficio de poco menos de 3 mil pesos. ¿Cuál justicia?

Y que decir del subsidio a las gasolinas que beneficia a las clases medias y altas cada vez que cargan los vehículos de gran cilindrada. Defendería a muerte su derecho a poseerlos, así ocurre en una sociedad libre. Pero lo que no es defendible es el perverso subsidio que representa cuatro veces lo que se gasta en el programa justiciero más importante del gobierno de la república, “Oportunidades”. Por eso no cambia la justicia social en México, sabemos dónde están los problemas pero no los enfrentamos por ser prisioneros de estereotipos y mitos. Curiosamente los que defiende los cambios son calificados de derecha y los que no quieren los cambios se autodefinen como progresistas, el mundo al revés. Cada litro de gasolina lleva un dinero del erario que podría ser invertido en escuelas, hospitales, agua potable o conectividad -la nueva clave de la justicia educativa del siglo XXI- para las comunidades aisladas. Pero eso sí, no dejamos de hablar de justicia social.”

Lo transcrito, sirve para expresar que conviene antes que ver lo recaudatorio para atender las infinitas necesidades de lo estatal, hacer una revisión crítica del proyecto de legislación, no únicamente en lo relativo a la legislación misma, sino a lo que debe existir previo y paralelo a ella; es decir, la educación tanto hacia el gobernado -que le forje convicción en tanto que deber ineludible, y seguridad en sus derechos, así como en las normas que lo regulan- como hacia el gobernante -que lo haga atender al interés general -justicia social- lo reestructure, lo faculte en cuanto a sus competencias pero también en cuanto a la correcta administración, y eficiencia de los recursos económicos que recauda, y también que lo circunscriba al ámbito del respeto a los derechos humanos-.

Se puede alegar que ya existen, diversos elementos, estructuras, legislación, etc., al respecto. Que no es nada nuevo y ahí está, enumerado lo existente. Afirmar eso, refleja una pobreza de miras en cuanto a la realidad que nos acontece, como también no tener visión a largo plazo.

Si pagar impuestos es un hecho individual de trascendencia social, entonces la cultura tributaria es la variable que engloba ambas dimensiones.

Desafortunadamente, la cultura tributaria apenas puede considerarse una posibilidad, aun incipiente, en el horizonte de la relación contribuyente–Fisco, persona tributaria frente al gobierno fiscalizador y recaudador.

En cuanto a las relaciones de la persona frente al Estado, debe haber un análisis de contenidos centrado en la atención en la persona, en la relación de ésta para consigo misma, para con los otros y para con el Estado. Proceder a examinar los derechos y los deberes ciudadanos y el respeto que el Estado reconoce a la persona, en tanto que es sujeta de derechos humanos (aunque esta afirmación a simple vista pareciera verdad de Perogrullo).

Los derechos humanos y sus concomitantes deberes ciudadanos son una variable, que aunque han existido, en el contexto positivo en las constituciones y documentos relativos con diferentes nominaciones como garantías individuales o derechos fundamentales, pareciera que se refiere a otros ámbitos, pero no debe soslayarse su natural relevancia en lo tributario.

Falta fomentar una cultura tributaria, en doble vía, a saber, hacia los contribuyentes, y también hacia las autoridades, como uno más de los necesarios esfuerzos cívicos que hay que llevar a cabo como política de Estado dentro de lo social a partir de la persona, como base y condición imprescindible para forjar una nueva y saneada relación entre los contribuyentes y las instituciones públicas.

Sí se carece de un sustento que sea ideario cívico y una conciencia ciudadana, lo tributario es solo una carga oprobiosa sin sentido. Si la cultura tributaria no penetra y concientiza en la sociedad, así como en la mente del legislador, y de quien administra a la par también de quien juzga, estarán entonces lejos del ideario de donde se debe partir y a donde se debe ir, más allá de mero sustrato de cobro de dinero.

La cultura tributaria conforme a su propósito y carácter, es asunto primordial para los contribuyentes, y para el gobierno. La cultura tributaria se estudia, cualifica y cuantifica con parámetros y criterios socio-culturales y no por el lado de los aumentos, déficits, agregados o cálculos apegados a las cuentas y finanzas nacionales, ni tampoco a partir de las opiniones y noticias que manejan los funcionarios de las instituciones tributarias desde su parcial interés.

La justicia, su eficiencia y racionalidad es indispensable, como también lo es la confianza y credibilidad de los contribuyentes hacia las instituciones, que a fin de cuentas se traduce de manera ineludible en justicia.

Asignatura pendiente, primero antes que nada es la alimentación y la educación de los individuos en la sociedad. De ahí, la educación cívica y dentro de ella la cultura tributaria, ahora solo esbozada brevemente, es estructura necesaria para un desarrollo social más coherente.

[1]  Aunque reiteradamente se comente de este tema en diversas instancias de lo social e incluso ya se haya aprobado en forma reciente una reforma constitucional, que aún no se ha concretado en la realidad.

[2] Y no se trata, por no ser materia de esta disertación el tema alimentario, el cual es más que primordial, sin el que no vale nada preocuparse por la educación, pues primero está el saciar el hambre y luego habrá oportunidad de educar.

[3]  Sobre la consideración que el devenir en lo cotidiano de un país, no se puede frenar, sino que tiene que llevarse a cabo  imprescindiblemente  como una continua y renovada tarea, una política de Estado.

[4] Se trate de persona física, moral o cualquier ente asimilado por ministerio de ley tributaria a esta última.

[5] Reyes Heróles, Federico, En serio, refiriéndose al Índice de Gini, columna en la sección de Opinión, Reforma, martes 11 de junio de 2013, pag. 10